Para el delito del que Carreras acusa a los dirigentes el Código Penal prevé una pena de hasta seis años de prisión.
La abogada Valeria Carreras denunció hoy penalmente por “intimidación e incitación a la violencia política” a las máximas autoridades de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), quienes dijeron que el asesinato del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez “es un crimen de la mayor gravedad institucional”.
Carreras -también abogada de la querella por la tragedia del submarino ARA San Juan- dijo en su denuncia que “se ha difundido un comunicado de la agrupación política Juntos por el Cambio a través de su presidenta, Patricia Bullrich, en el cual se incita a la violencia política”.
La letrada argumentó que “sus términos siembran una acusación velada pero directa a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte de Fabián Gutiérrez, apuntando con el mentado comunicado profundizar ‘la grieta'”.
Carreras aseveró en el texto -difundido en redes sociales- que el comunicado “exaspera a gran parte de la sociedad argentina, ávida de marcar diferencias, sedienta de repetir acusaciones, casi propiciando un ataque en redes contra la Vicepresidenta y contra todos los que acompañamos el sector político atacado”.
En ese sentido, la abogada, quien transcribió párrafos del comunicado de JxC, explicó que hizo la denuncia como “ciudadana” y pidió que la acusación contra Bullrich “se extienda a los firmantes” restantes del documento.
“Vengo a interponer denuncia contra la Sra. Patricia Bullrich en su rol de Presidenta de la agrupación política PRO y se extienda a los firmantes del comunicado de Juntos por el Cambio (…) por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art. 211 y 212 del CPN)”, sostuvo la abogada.
Los dirigentes que rubricaron el comunicado de JxC son Bullrich y Federico Angelini, del PRO; Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, de la UCR, y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica.
Para el delito del que Carreras acusa a los dirigentes el Código Penal prevé una pena de hasta seis años de prisión.
El artículo 211 del CP dice que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
Y el artículo 212 establece “prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
Las manifestaciones opositoras fueron repudiadas hoy por el presidente Alberto Fernández, quien calificó ese pronunciamiento como una actitud “miserable y canallesca”.
“Me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”, sostuvo el primer mandatario.
El juez de la causa, Carlos Narvarte, negó que el homicidio tenga una motivación política y al menos uno de los acusados confesó el crimen.
Los dirigentes del macrismo señalaron que “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kicrhnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional”.
Además pidieron que “dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país”, y solicitaron que el caso pase a la justicia federal, donde se investigan, entre otros, presuntos delitos de funcionarios.
La presentación de Carreras recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los jueces que investiga el presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri.